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En un esfuerzo más para reconocer y legitimar la justicia propia de los pueblos indígenas del Cauca, autoridades indígenas e instituciones operadoras de justicia ordinaria se dieron cita para construir protocolos de entendimiento y coordinación entre ambos sistemas de justicia.
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Por: Juan Carlos Ramos/Comunicaciones Fundación Tengo Ganas/ www.tengoganas.org
El pasado 15 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) en Popayán, autoridades de los pueblos indígenas del Cauca en articulación con representantes de la justicia ordinaria como la Fiscalía, el INPEC, el ICBF y el Consejo Seccional de la Judicatura y con el apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, llevaron a cabo la cuarta sesión del 2022 de la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional del Cauca.
Este espacio de encuentro nació en 2018 como parte del programa de articulación y coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), a través del cual se busca crear mecanismos de entendimiento y acompañamiento entre ambas jurisdicciones para solucionar conflictos en territorios indígenas o problemas legales que involucran a personas de esta etnia.
Con este, ya son cuatro años de encuentros y desencuentros, donde a través del diálogo entre ambos modelos de administración de justicia se han logrado resultados como el entendimiento mutuo de la estructura y funcionamiento de cada actor a la hora de resolver conflictos como las violencias al interior de los territorios, homicidios, violación de derechos humanos, restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes, protección a víctimas de violencias basadas en género, entre otros. Según Nelson Cucuñame, secretario técnico de la Mesa, “este ha sido un diálogo respetuoso, recíproco e interjurisdiccional que ha fortalecido tanto a los funcionarios como a las autoridades indígenas y a la Jurisdicción Especial, permitiendo avanzar en puntos claves para las comunidades”.
Por su parte, el Magistrado Mario Alberto Valderrama, vicepresidente del Tribunal Superior de la Judicatura del Cauca y quien funge a su vez como presidente de la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional, señala que “uno de los logros más importantes ha sido la construcción de vínculos de confianza entre autoridades indígenas y judiciales, así como el conocimiento y legitimación de las maneras propias en que cada pueblo indígena soluciona sus problemas internos de convivencia”. Para el funcionario, pese a los avances, a veces el trabajo con algunas instituciones, llámese Fiscalía, INPEC u otros, no es suficiente, de allí la importancia de continuar con estos encuentros, y avanzar en el establecimiento del documento de Protocolo de Coordinación Interjurisdiccional para que los casos donde han podido articularse las dos justicias sean ejemplo, y haya claridad hasta dónde llegan ambos sistemas jurídicos para actuar en favor de la justicia y las comunidades.
Sobre el Protocolo de Coordinación, Nelson y Mario Alberto coinciden en que no ha sido fácil estructurar un documento en el que ambas partes se sientan satisfechas con lo que ahí se consigna, por lo que el debate y la consulta en asambleas con las comunidades indígenas ha sido de suma importancia para avanzar con esta hoja de ruta que servirá de ejemplo para otras regiones.
“Ya hemos establecido mecanismos de coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el tratamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes en temas de custodia, adopción o asistencia alimentaria. También con la Fiscalía se ha logrado el apoyo en la investigación de casos de homicidios y la captura de agentes externos a las comunidades que generan desarmonías en el territorio. De igual manera, Medicina Legal ha apoyado con atención psiquiátrica en caso de afectaciones por violencias o a identificar la causa de la muerte de una persona. Y por su parte, el INPEC ha estado abierto a dialogar sobre el tratamiento que los compañeros indígenas, privados de la libertad, deben recibir en los centros carcelarios”, explica Nelson Cucuñame.
Así mismo, el Magistrado Valderrama señala que con los protocolos de entendimiento derivados de los diálogos entre ambas jurisdicciones se busca que los pueblos indígenas puedan conversar y coordinar con las autoridades judiciales cuando se necesite su apoyo según el caso que se tramite, “así evitamos inmiscuirnos en sus asuntos internos y entorpecer los procesos de las comunidades. En ese sentido, nosotros trabajamos para facilitar la aplicación de sus reglas y normas, más que para imponer las normas de la justicia ordinaria”.
“Buscamos reconocer que las decisiones tomadas por las comunidades indígenas tienen la misma importancia y validez que las que toman los jueces de la república. Por ejemplo, que sus formas de ‘sanar esas enfermedades’ que para nosotros son delitos, haciendo uso de los fuetazos, el cepo o el trabajo comunitario de arreglar vías o limpiar lotes, dentro de su cosmovisión y concepción del derecho propio son ‘castigos’ o ‘remedios’ para que ese causante del delito se arrepienta y pueda vivir un proceso de resocialización en la comunidad, tratando de remediar el daño que causó”, agrega el Magistrado Valderrama.
El reto a futuro
Terminado el último encuentro del año de la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional del Cauca, las autoridades indígenas continúan discutiendo los acuerdos alcanzados con la intención de fortalecer el Protocolo de Coordinación y en 2023 lograr su firma y validación en la Asamblea con presencia de las comunidades. Sin embargo, los ejercicios de coordinación continuarán dándose a lo largo y ancho del territorio, especialmente en el norte del Cauca, donde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID ha impulsado además de las Mesas, ejercicios de capacitación para funcionarios y comuneros, que sirvan para fortalecer sus justicias; por ejemplo en alianza con la Universidad del Cauca, la Procuraduría y el Consejo Seccional de la Judicatura, en noviembre culminaron el primer ciclo del Diplomado en JEI para los funcionarios de la rama judicial.
“Estos protocolos de coordinación son la muestra de que nos hemos acercado muchísimo, incluso ya nos tratamos como amigos. Ahora hay mayor disposición para escuchar las posturas distintas. Hay menos tensión, menos temores, y sobre todo menos prevenciones de parte y parte. Quizás no podamos estar de acuerdo siempre, pero nos escuchamos”, concluye el magistrado Mario Alberto Valderrama. A lo que Nelson Cucuñame agrega, “los protocolos no son letra muerta, son producto del diálogo y el encuentro comunitario e interjurisdiccional y nuestro reto es continuar avanzando en su fortalecimiento”.
Una Mesa diversa e intercultural
Según explica Nelson Cucuñame, la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional del Cauca está integrada por las autoridades de los once pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), pueblo Nasa, Yanaconas, Ampiuille, Kishu, Polindara, Misak, Epedara-siapidara, Ingas, Coconucos, Totoróez y Embera chamí, así como por la Coordinación del Tejido de Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN). De igual forma, también hace presencia la Dirección Seccional de Fiscalía, el CTI, el INPEC, Medicina Legal, Procuraduría General de la Nación, Defensoría Regional del Pueblo, ICBF, Comisaría de Familia, Tribunal Superior de la Judicatura, Sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, Consejo Seccional de la judicatura del Cauca y el magistrado designado por dicha Corporación y también el presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.
El dato
La Constitución de 1991 protege y resguarda que cada comunidad indígena del país administre justicia de acuerdo con su cultura, costumbres y cosmovisión. De este modo, todos los pueblos cuentan con formas propias de tramitar los actos que consideren transgresores de la norma y las infracciones sociales o desarmonías ocurridas al interior de los territorios. De igual manera, desde el año 2012, a través del acuerdo No. PSAA12-9614, el Consejo Superior de la Judicatura, ha venido impulsando el establecimiento de medidas de coordinación interjurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional, entre ellas las mesas departamentales de coordinación.
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